Álvaro José Aurane

Para LA GACETA

“A que el próximo auto que pasa es azul”, aventura Miguelito, el más inocente y a la vez egocéntrico de los amigos de Mafalda. El niño con peinado de hojas de lechuga -creado por el impar talento de Quino- aparece sentado, con la espalda contra un árbol. En el primero de los seis cuadros de la tira, ha estado en silencio. De modo que ha meditado su apuesta. Luego, por las sucesivas posiciones de su cabeza, se advierte que sigue el paso de un vehículo. Pero no será azul, a juzgar por su razonamiento posterior: “¿Cómo puede un auto equivocarse tanto?”

Hay, por un lado, aprendizajes para Miguelito. Por caso, el control es una ilusión y el azar es el desconcertante vengador de la humildad. Pero también hay enseñanzas para el lector. Miguelito, que en la historieta tiene un abuelo seguidor de Benito Mussolini, no tiene un problema con los autos: tiene un problema con la realidad. Suponer lo contrario, asumir que los rodados se han complotado contra el pequeño nacido de un lápiz, es (con independencia de un sinnúmero de patologías psicológicas) un argumento de caricatura.

Dicho de otro modo: ¿Hay en esta tira cómica un caso de “car-fare”, una conspiración entre empresas del sector automotor, chapistas y pintores, agentes de tránsito y conductores de vehículos para frustrar el proyecto de grandeza vehicular soñado por Miguelito? ¿O hay un niño que aún no sabe que la realidad está más allá del deseo?

Esa exégesis se torna acuciante en el comienzo de esta semana crucial para la historia institucional de la Argentina. Desde mediados de 1989 hasta ahora, el Partido Justicialista (bajo sus más diferentes denominaciones) ha gobernado durante 27 años, contra sólo seis de la UCR en la Alianza o del PRO en Cambiemos. De los 10 jueces actuales de Comodoro Py, el peronismo ha nombrado a nueve: la sola excepción es la jueza María Eugenia Capucheti. Más aún: durante los casi 40 años de democracia ininterrumpida que lleva el país, el PJ siempre ha ostentado la mayoría en el Senado de la Nación y ha presidido la comisión de Peticiones y Poderes, que es la que elabora los pliegos de los magistrados.

Mañana, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, enfrentará el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el expediente “Vialidad”. En esa causa, el fiscal Diego Luciani (designado durante la presidencia de Cristina) investigó el presunto direccionamiento de obra pública de Santa Cruz en beneficio de Lázaro Báez.

El oficialismo insiste en hablar de “lawfare”, es decir, una “guerra judicial”, entablada por la Justicia argentina, con ayuda de la oposición y de los medios de comunicación, en contra de un gobierno nacional y popular. Sin embargo, lo que cabe indagar es si el kirchnerismo (y su funcionariado largamente procesado y condenado por escandalosos casos de corrupción), en lugar de tener un problema con la Justicia, no enfrenta un problema con la realidad. Una realidad a la que el “relato” y las inmunidades del poder han hecho perder de vista.

Con “inmunidad de decir”

Obsesionado con los medios de comunicación (los que no son propiedad de sus aliados, cabe aclarar), el kirchnerismo reniega de la libertad de expresión (es conocida la falacia “no es lo mismo libertad de prensa que libertad de empresa”) sólo porque no puede monopolizarla.

En rigor, el poder político tiene amplia ventaja respecto del periodismo. A la prensa le cabe la libertad de expresión, por la cual no hay censura previa, pero ello no exime a los periodistas de responsabilidad por lo que han publicado. En cambio, los miembros de los poderes políticos del Estado gozan de inmunidad de expresión. Eso y no otra cosa es el fuero de los parlamentarios. “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”, manda el artículo 68 de la Constitución Nacional. En el caso tucumano, la Carta Magna provincial prevé idéntica prerrogativa para los concejales (artículo 138), y la exacerba para los legisladores. El artículo 62 dice: “Los legisladores no serán nunca molestados por los votos que constitucionalmente emitan y opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos dentro y fuera del recinto legislativo”.

Los miembros de los Ejecutivos (desde el gobernador hasta los intendentes, pasando por el defensor del pueblo), en tanto, gozan de prerrogativas procesales y de inmunidades, todas con rango constitucional, que son inherentes a sus cargos. Por caso, la única vez que José Alperovich enfrentó un pedido de juicio político solicitado por el Poder Judicial fue en febrero de 2008, por una querella penal iniciada por el “boina blanca” Ariel García. El entonces gobernador lo había acusado de “ñoqui”, cuando en realidad el radical era secretario de uno de los bloques de la UCR. Alperovich no se presentó a la etapa de conciliación, por lo que sólo restaba llevarlo a juicio. Pero tal cosa era imposible por los privilegios procesales de su cargo. Así que la única opción era destituirlo para luego procesarlo, situación que no prosperó.

El problema del kirchnerismo es que, si bien existe “inmunidad de decir” cuando se está en el poder, no hay es “inmunidad de hacer”.

Entonces, el gremio porteño de ATE puede amenazar con “parar el Estado” si hay condena contra la Presidenta del Senado, y Luis D’Elía puede prometer cortes de ruta por tiempo indeterminado en igual situación, y todos esos “decires” corren por un carril. Uno que, además de irresponsable, suena incoherente: los referentes kirchneristas quieren pararle el país al cuarto gobierno kirchnerista. Muy a la usanza del actual escándalo detonado por las auditorías en los planes sociales: dirigentes del Frente de Todos le arman piquetes a Victoria Tolosa Paz, ministra del Frente de Todos, porque el Frente de Todos encontró negociados dentro del Frente de Todos, que le paga planes sociales a dueños de aviones y a personas fallecidas.

La propia Cristina puede usar sus “últimas palabras” procesales en el juicio “Vialidad” para denunciar el “lawfare a la Argentina” (el “original” se refiere a conspiraciones para derrocar gobiernos que no pueden ser vencidos en las urnas, pero ella perdió las elecciones de 2009, 2013, 2015, 2017 y 2021). Y puede usar sus redes sociales para aseverar que la Corte Suprema de la Nación quiere secuestrar la democracia (¿qué opinará de ATE y D’Elía?). Pero lo cierto es que, como Miguelito con el auto que iba a ser azul, la realidad está más allá del “relato”.

Sin “inmunidad de hacer”

Entre 2003 y 2015, el Estado administrado por los “K” le confió a Lázaro Báez el 78,4% de la obra pública vial de Santa Cruz, según el fiscal Luciani. Díaz antes, Báez había renunciado como empleado bancario y había fundado Austral Construcciones. Durante las tres primeras presidencias kirchneristas, el patrimonio de Báez creció un 12.000%. El de su empresa aumentó un 46.000%.

De las 51 obras adjudicadas a Báez sólo para Santa Cruz en esos 12 años, 39 recibieron 700 meses de prórroga (“algo así como 63 años” de demoras, graficó el fiscal) y se pagaron más de 1.500 millones de pesos (de aquella época) en concepto de incrementos presupuestarios. Pese a todas esas facilidades, finalmente 24 obras fueron abandonadas.

Los procesos de adjudicación de las pocas obras en las que no participaba Lázaro Báez, según el fiscal Luciani, tenían un tiempo de tramitación de 210 días, en promedio. En contraste, en 17 de las 51 obras otorgadas al ex bancario, entre la apertura de la licitación y la firma del contrato transcurrieron, en promedio, sólo 29 días.

Según Luciani, el kirchnerismo “montó un plan sistemático de extracción de fondos” y planteó que “Santa Cruz era el lugar ideal para llevar adelante la maniobra y procurar impunidad a los aquí imputados”. Afirmó que hubo “licitaciones ficticias”, una “cartelización de la obra pública” y remarcó que teniendo Santa Cruz “57 veces menos” población que la provincia de Buenos Aires (también administrada por gobiernos peronistas durante aquellos 12 años), “recibió fondos cuantiosamente superiores”. Mientras tanto, en Tucumán el alperovichismo proclamaba que esta era “la provincia mimada” de los “K”…

Verdades y realidades

La realidad existe más allá del deseo. Pero a despecho de Juan Domingo Perón, la realidad no es la única verdad.

En lo distinto a “la realidad”, en los ideales, en las ideas, también hay verdades. La democracia es una idea: para la mayor parte de los argentinos -ojalá-, esa idea representa la mejor forma de gobierno posible. Pero para buena parte de los cataríes, probablemente no.

La república también es una idea. Una idea que nació de revoluciones y que, a la vez, hizo nacer la modernidad. La verdad de esa idea es que los poderes del Estado deben estar separados contrapesándose y controlándose. En esta república, el papel de un fiscal consiste en acusar; y la función de los jueces es interpretar la ley al aplicarla. Nada de esto configura atentados contra la democracia ni fusilamientos contra sus gobernantes.

Por el contrario sólo cuando hay más Justicia hay más república; y sólo cuando hay más república hay más democracia. Esto implica que nadie está al margen de la ley (de sus derechos y sus deberes), no importa si gana o pierde en las elecciones. Sin importar que el relato imagine guerras judiciales. Ni autos de color azul.